La demanda alega que el ICE no evaluó los impactos en el aire, el agua y la propagación de enfermedades infecciosas derivados de la reapertura de la prisión de Hudson, que había permanecido cerrada durante mucho tiempo
HUDSON, Colorado — GreenLatinos y la Colorado Immigrant Rights Coalition presentaron hoy una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, impugnando la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. de abrir y operar las instalaciones de Big Horn en Hudson, Colorado, como centro de detención sin haber realizado previamente la evaluación ambiental exigida por la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés).
Según la demanda, el antiguo Centro Correccional de Hudson ha permanecido vacío desde aproximadamente 2013. En su informe de divulgación de agosto, GEO Group comunicó que había suscrito un contrato de cinco años con el ICE para reabrir las instalaciones como centro federal de detención de inmigrantes.
"Ninguna comunidad debería ser tratada como prescindible con el fin de ampliar el sistema de detención del ICE", dijo Mark Magaña, presidente fundador y director ejecutivo de GreenLatinos. "Nuestro compromiso con la justicia ambiental se extiende tanto a las personas que viven cerca de esta instalación como a aquellas que estarían recluidas en su interior. Nos oponemos a cualquier ampliación que amenace la salud y la dignidad humana de los reclusos, así como las protecciones ambientales básicas de la comunidad circundante."
The GEO Group publicó decenas de ofertas de empleo y avanzó con los planes para reabrir el centro, haciendo caso omiso de las normativas federales. "Los centros de detención de inmigrantes perjudican la salud y el bienestar de comunidades enteras", afirmó Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. "El impacto no solo afecta a quienes están detenidos en condiciones deplorables e inhumanas, sino también a las familias, los vecinos y los miembros de la comunidad que residen en la misma zona y deben soportar las consecuencias ambientales de tener un centro de detención en su comunidad."
Hudson se encuentra dentro de la región de Denver Metro/North Front Range, la cual no cumple con las normas federales sobre el ozono. La demanda alega que los equipos de la instalación, el transporte de detenidos, los desplazamientos del personal y las entregas de suministros generarían emisiones precursoras de ozono y aumentarían la contaminación de la región.
La demanda también plantea inquietudes sobre el aumento de la demanda para el sistema de abastecimiento de agua y los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Hudson. Cita una medida de ejecución previa de la EPA relacionada con vertidos de aguas residuales de dicho centro penitenciario, así como documentos de planificación municipal que señalan necesidades de capacidad de tratamiento y de pretratamiento industrial. Según la demanda, la demanda de agua del centro también incrementaría el uso de agua traída del río Colorado a través del Proyecto Colorado-Big Thompson.
El tráfico derivado de las operaciones de la instalación podría aumentar el nivel de ruido y generar inquietudes en torno a la seguridad vial y la respuesta ante emergencias. La queja también señala posibles efectos sobre la fauna silvestre causados por la contaminación del aire y del agua, el tráfico de vehículos y la iluminación de seguridad nocturna.
"La NEPA exige a las agencias federales que evalúen los efectos ambientales de las acciones sujetas a la normativa antes de proceder", dijo Jessica Herrera, asesora jurídica interna de GreenLatinos. "Nuestra demanda alega que el ICE no preparó ni una evaluación ambiental ni una declaración de impacto ambiental para las instalaciones de Big Horn, ni tampoco invocó una exclusión categórica válida. Solicitamos una sentencia declarativa y una orden judicial para detener las actividades de preconstrucción y la construcción en Big Horn, así como para impedir que las instalaciones entren en funcionamiento a menos que —y hasta que— el ICE cumpla con la NEPA."
La demanda destaca que proceder sin una evaluación ambiental privó a los residentes y a los funcionarios locales de información sobre los impactos previstos del proyecto y de oportunidades para participar en la toma de decisiones a nivel federal.
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